(Evaluación de la Ley de Dependencia)
En un brillante artículo aparecido estos días en un medio de comunicación y firmado por un magistrado sensato y conocedor de la realidad social que nos atufa, se advertía que “España se enfrenta a una crisis económica e institucional que pone en riesgo nuestros avances”. La frase venía provocada por la lectura del documento publicado por el Circulo de Economía titulado “Horizonte 2012”, y era producto de un análisis sosegado, ponderado y realista de lo que está ocurriendo con determinadas instituciones y poderes que conforman el Estado, un concepto que se nos ha ido con Sabino Fernández Campo, conde de Latores.
Muchos políticos están convencidos de que el Poder Ejecutivo consiste en saquear los bienes públicos y ponerlos a nombre de suegros, madrinas y compañeras de hermanos.- El Poder Legislativo, por su parte se dedica a copiar y “pegar” y seguir el dictado de quien lo contrata. Y el Poder Judicial, la Justicia, ha perdido su identidad y se debate en colocar bien a sus miembros, definirlos por su ideología y enzarzarlos en la lucha de unas reivindicaciones funcionariales que le apartan de su verdadero papel como Poder del Estado. Los jueces se están convirtiendo en funcionarios-empleados de un ministro-empresario y su independencia se ahoga con un “Vd se calla porque si no le mando detener”.
Y como “cuarto poder”, no incluido en la lista de Montesquieu, están los Medios de Comunicación que cada vez se parecen más a las “gacetas deportivas” que sólo son capaces de que les caiga la venda y digan algo de verdad, desatendiendo a las ordenes de quien les paga, si viene un Alcorcón y deja al desnudo las miserias de un montaje “real-mediático”. Por eso, la sociedad actual está advirtiendo sobre la necesidad de revisar y refundarlo todo, o casi todo.
No se escapa a este comentario que hacemos, la vigente Ley de Dependencia que ha sido objeto de un reciente Informe de la Agencia de Evaluación de políticas Publicas (AEVPP).- En ese Informe se reconoce el fracaso y las tensiones de colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones, se descubre que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es complejo, se recomienda la reforma de la estructura del IMSERSO, y se decide impulsar la formación de las personas cuidadoras no profesionales. En definitiva, hay que revisar una ley y refundar un sistema, porque las carencias y desviaciones en el tratamiento de los problemas sociales que se trata de amparar con esta ley no pueden quedar en un simple anuncio electoralista, cacareado por las “gacetas partidistas” que lo barnizan con el color de la hipocresía. El exceso de palabras, de gestos, de imágenes, lo mismo que el exceso de hojas en los árboles, lo que hace es ocultar los frutos, como advertía el poeta inglés Alexander Pope.
En la publicación del mes de marzo de 2007 en mi artículo “Los derechos de los españoles retornados” ya denunciaba que “una Ley (como la Ley de Dependencia) que nace bajo el signo de la crispación, no puede ser utilizada como instrumento para captación de votos, sino como medida universal y apartidista para satisfacer las necesidades de la población”.- Poco o nada hemos avanzado, y nada vamos a avanzar si no somos lo suficientemente críticos y realistas con unos poderes públicos que ya han demostrado su incapacidad y su voracidad, y que se merecen que los revisemos y los refundemos, porque la protección de los derechos de los ciudadanos no acaba con la jubilación o con la desaparición laboral del mismo, sino que se hace más patente y necesaria precisamente cuando se alcanza esa fase o situación. Sin embargo esto que es tan notorio y evidente, parece que tiene difícil arraigo en una sociedad desvertebrada y moviéndose al compás y ritmo de la noticia-basura. La solución? Como toda solución que se plantee para un problema complejo, es ardua y difícil, pero no imposible. Por eso creemos que tiene validez el “titulado” de nuestro artículo que propone Revisar y refundar. ¿O acaso hay otra alternativa?
En un brillante artículo aparecido estos días en un medio de comunicación y firmado por un magistrado sensato y conocedor de la realidad social que nos atufa, se advertía que “España se enfrenta a una crisis económica e institucional que pone en riesgo nuestros avances”. La frase venía provocada por la lectura del documento publicado por el Circulo de Economía titulado “Horizonte 2012”, y era producto de un análisis sosegado, ponderado y realista de lo que está ocurriendo con determinadas instituciones y poderes que conforman el Estado, un concepto que se nos ha ido con Sabino Fernández Campo, conde de Latores.
Muchos políticos están convencidos de que el Poder Ejecutivo consiste en saquear los bienes públicos y ponerlos a nombre de suegros, madrinas y compañeras de hermanos.- El Poder Legislativo, por su parte se dedica a copiar y “pegar” y seguir el dictado de quien lo contrata. Y el Poder Judicial, la Justicia, ha perdido su identidad y se debate en colocar bien a sus miembros, definirlos por su ideología y enzarzarlos en la lucha de unas reivindicaciones funcionariales que le apartan de su verdadero papel como Poder del Estado. Los jueces se están convirtiendo en funcionarios-empleados de un ministro-empresario y su independencia se ahoga con un “Vd se calla porque si no le mando detener”.
Y como “cuarto poder”, no incluido en la lista de Montesquieu, están los Medios de Comunicación que cada vez se parecen más a las “gacetas deportivas” que sólo son capaces de que les caiga la venda y digan algo de verdad, desatendiendo a las ordenes de quien les paga, si viene un Alcorcón y deja al desnudo las miserias de un montaje “real-mediático”. Por eso, la sociedad actual está advirtiendo sobre la necesidad de revisar y refundarlo todo, o casi todo.
No se escapa a este comentario que hacemos, la vigente Ley de Dependencia que ha sido objeto de un reciente Informe de la Agencia de Evaluación de políticas Publicas (AEVPP).- En ese Informe se reconoce el fracaso y las tensiones de colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones, se descubre que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es complejo, se recomienda la reforma de la estructura del IMSERSO, y se decide impulsar la formación de las personas cuidadoras no profesionales. En definitiva, hay que revisar una ley y refundar un sistema, porque las carencias y desviaciones en el tratamiento de los problemas sociales que se trata de amparar con esta ley no pueden quedar en un simple anuncio electoralista, cacareado por las “gacetas partidistas” que lo barnizan con el color de la hipocresía. El exceso de palabras, de gestos, de imágenes, lo mismo que el exceso de hojas en los árboles, lo que hace es ocultar los frutos, como advertía el poeta inglés Alexander Pope.
En la publicación del mes de marzo de 2007 en mi artículo “Los derechos de los españoles retornados” ya denunciaba que “una Ley (como la Ley de Dependencia) que nace bajo el signo de la crispación, no puede ser utilizada como instrumento para captación de votos, sino como medida universal y apartidista para satisfacer las necesidades de la población”.- Poco o nada hemos avanzado, y nada vamos a avanzar si no somos lo suficientemente críticos y realistas con unos poderes públicos que ya han demostrado su incapacidad y su voracidad, y que se merecen que los revisemos y los refundemos, porque la protección de los derechos de los ciudadanos no acaba con la jubilación o con la desaparición laboral del mismo, sino que se hace más patente y necesaria precisamente cuando se alcanza esa fase o situación. Sin embargo esto que es tan notorio y evidente, parece que tiene difícil arraigo en una sociedad desvertebrada y moviéndose al compás y ritmo de la noticia-basura. La solución? Como toda solución que se plantee para un problema complejo, es ardua y difícil, pero no imposible. Por eso creemos que tiene validez el “titulado” de nuestro artículo que propone Revisar y refundar. ¿O acaso hay otra alternativa?
Ricardo L. Martínez Barros (artículo que será publicado en el periódico "Entre Mayores")
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